A todos
los integrantes de las comunidades educativas de la Provincia de Buenos Aires
Los responsables de los servicios educativos
católicos de la Provincia de Buenos Aires nos dirigimos por este medio a todas
las familias que han optado por el estilo de educación pública de gestión
privada eclesial, a los docentes que eligieron ejercer en el mismo su vocación
y al personal no docente que con su tarea cotidiana hace posible concretar el
proyecto educativo.
Motiva esto la preocupación causada por el anuncio
de recortes que haría el Gobierno de la Provincia en relación con el régimen de
aportes que se otorgan a la educación pública de gestión privada.
Somos conscientes de las serias dificultades que la provincia
y el país enfrentan, pero entendemos que en toda emergencia deben privilegiarse
y resguardarse áreas tan sensibles como son la seguridad, la salud y la
educación. No creemos que la solución sea el recorte del aporte estatal que se
brinda a estas comunidades educativas.
Debe recordarse que el aporte que estas instituciones
reciben, se ha otorgado desde el Estado Provincial, previo cumplimiento de una
serie de requisitos y mucha espera. El mismo se destina únicamente al pago de
salarios de docentes reconocidos oficialmente, que integran la planta orgánico-funcional
del establecimiento. En muchos de estos aún se está a la espera de ese
beneficio a nuevos cursos y cargos derivados de las últimas reformas impuestas por
las autoridades estatales. Cualquiera sea el porcentaje de aporte con el que se
cuente, éste no comprende salarios de personal docente de planta no
subvencionada, auxiliares y extraprogramáticos, de maestranza y administrativo.
Tampoco alcanza al necesario mantenimiento del edificio, sus reformas y
equipamiento, así como al pago de servicios. Todo esto se cubre con el esfuerzo
de la comunidad educativa, y fundamentalmente, con las cuotas que por aranceles
escolares abonan las familias, según los límites de sus posibilidades, con
escalas aprobadas por las mismas autoridades educativas provinciales.
Es evidente que las medidas anunciadas de recortar
los aportes destinados a cubrir al personal docente suplente, no otorgarlo a
secciones que posean menos de veinte alumnos –cualquiera sea el nivel o curso-,
y suspender el otorgamiento de cargos pendientes de su obtención por cualquier
causa, impedirán a nuestros establecimientos seguir brindando los mismos
servicios. Se está poniendo en grave riesgo la continuidad de esa prestación y
el sostenimiento de su calidad, ya que la mayoría de nuestras escuelas no está
en condiciones de afrontar estos recortes ni de compensarlos subiendo los
aranceles.
La solución al problema no debe consistir en resignar
el derecho de las familias a optar por este tipo de servicios. De acuerdo a la
realidad actual una gran proporción de estos deberá plantearse seriamente la
alternativa de su cierre a corto plazo.
Creemos que las autoridades educativas provinciales deberían
evaluar nuevamente la dimensión de la situación en que se coloca a nuestros
establecimientos educativos, sobre todo a aquellos que están insertos en
comunidades de bajos recursos. Esperamos que la voz de todos permita revisar nuevamente
las medidas y privilegiar la posibilidad de respetar el derecho de las familias
a la continuidad de la escolaridad de sus hijos en los centros educativos que
han elegido.
Reconocemos y agradecemos a las familias su
participación y responsabilidad en el sostenimiento de la educación católica de
sus hijos, quienes son parte del sistema educativo provincial, como asimismo a
todo el personal cuya tarea es expresión de entrega en el marco de una vocación
de servicio comunitario.
Solicitamos a las autoridades competentes que se respete
la sana distribución del presupuesto educativo, cuya única finalidad debe ser
que el Estado asuma la responsabilidad principal y exclusiva que le compete de
garantizar educación para todos.
Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires
La Plata, 23 de
julio de 2012
